El Gobierno avanza con la privatización de AySA, pero el traspaso se concretará recién en 2026

El Gobierno oficializó este martes el marco regulatorio que habilita la privatización total de AySA, la empresa estatal encargada del suministro de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A través de los decretos 493 y 494/2025, se delinearon las nuevas condiciones para el traspaso al sector privado, aunque el proceso definitivo se concretaría recién en 2026. La nueva normativa otorga mayor margen de acción al futuro concesionario, como la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago, una medida hasta ahora limitada solo a clientes no residenciales.

Según lo previsto, el 90% de las acciones de AySA serán transferidas a capitales privados, mientras que el 10% quedará en manos de sus empleados. El traspaso se hará en dos etapas: primero, una licitación nacional e internacional para adjudicar el 51% mediante concesión; luego, se colocará un 39% de las acciones en la Bolsa. El llamado a licitación está previsto para fines de 2025 y la adjudicación se concretaría el año siguiente. El objetivo, explicaron desde el Ejecutivo, es volver atractiva la empresa y reducir el peso fiscal del Estado en medio de la crisis económica.

La decisión fue justificada por el deterioro operativo y financiero de la compañía, que entre 2006 y 2023 recibió transferencias del Tesoro por más de US$13.000 millones. En ese sentido, se busca reducir el gasto público y atraer inversiones privadas. No obstante, la privatización genera expectativas y también incertidumbre por el futuro del servicio, su calidad y accesibilidad, especialmente tras la habilitación de cortes a usuarios morosos.