Control riguroso: reuniones públicas con más de tres personas requieren permiso del Ministerio de Seguridad

La Ley Ómnibus, propuesta en las sesiones extraordinarias, presenta un inusual requisito: la necesidad de obtener permiso del Ministerio de Seguridad para realizar reuniones públicas con tres o más personas. Este sorprendente cambio en la regulación de manifestaciones en espacios públicos ha generado controversia, especialmente en el contexto de las medidas propuestas por el presidente Javier Milei.

El proyecto de ley establece que cualquier reunión o manifestación que involucre a tres o más personas en un espacio público deberá ser notificada al Ministerio de Seguridad con 48 horas de antelación. Esta notificación debe incluir detalles específicos, como la identificación de los convocantes, la finalidad de la reunión, el recorrido previsto, la duración estimada y la cantidad de participantes.

La autorización otorgada por el Ministerio, que debe llevarse durante la realización del evento, puede ser denegada basándose en cuestiones de seguridad. Además, el Ministerio tiene la facultad de proponer modificaciones en el horario, la ubicación o la fecha de la reunión.

Este nuevo requisito se suma a otras medidas propuestas en el proyecto, que incluyen sanciones para organizadores y personas que interfieran con el transporte público durante las manifestaciones. La ley busca regular las movilizaciones y proteger la seguridad, pero ha generado preocupaciones sobre posibles limitaciones a la libertad de expresión y protesta.

En caso de incumplimiento durante una manifestación autorizada, el Ministerio de Seguridad puede intimar a los organizadores para que se ajusten a las normas. De no hacerlo, se tomarán las acciones correspondientes.

Además, se propone una nueva figura penal para aquellos que organicen reuniones o manifestaciones que obstaculicen el transporte público o causen daños a personas o propiedades. La pena por esta conducta irá de dos a cinco años de prisión, incluso si los organizadores no están presentes en la manifestación.

La responsabilidad solidaria de los organizadores por los daños causados durante la movilización también está contemplada en la Ley Ómnibus. Estas medidas, sumadas a la creación de una figura penal específica, plantean un cambio significativo en la regulación de las protestas y reuniones públicas en Argentina.