Preocupación institucional por un proyecto de ley que eliminaría la defensa pública en Santa Cruz

En un comunicado difundido este 5 de octubre, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina advirtió sobre las graves implicancias del proyecto de ley provincial N°561, presentado ante la Legislatura de Santa Cruz. La iniciativa propone la eliminación del Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría General y la defensa pública integral en el ámbito judicial de la provincia.

Desde el organismo nacional se alertó que esta reforma implicaría un "retroceso institucional" y una vulneración directa de la Constitución provincial y nacional, que garantizan el derecho a una defensa pública independiente, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad.

El comunicado sostiene que la medida es "inadmisible e inconstitucional", y recuerda que la Constitución Nacional, en su artículo 120, otorga autonomía y autarquía al Ministerio Público de la Defensa, consolidando su rol como órgano independiente del poder político y judicial. En ese marco, el Consejo destacó que todas las provincias tienen la obligación de asegurar un sistema de justicia conforme a los principios constitucionales, respetando la independencia funcional y presupuestaria de la defensa pública.

La preocupación no es menor. Según el Consejo Federal, la eliminación de la defensa pública obstaculizaría el funcionamiento del sistema acusatorio adversarial, al debilitar el rol profesional de los/as defensores/as públicos/as. Esto afectaría directamente a sectores vulnerables como personas privadas de su libertad, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia de género, pueblos originarios y personas con padecimientos mentales.

"La defensa pública desempeña una labor esencial en la protección de derechos humanos", afirmaron los firmantes del comunicado, quienes remarcaron que la iniciativa amenaza gravemente el Estado de Derecho y la vigencia de derechos fundamentales en Santa Cruz.

El Consejo también recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido diversas resoluciones que destacan la importancia de la defensa pública como garantía de acceso a la justicia. Entre ellas, la AG/RES 2821 (XLIV-O/14) subraya la necesidad de mantener su independencia funcional, financiera y operativa, libre de interferencias de otros poderes del Estado.

Asimismo, se mencionó el caso “José Agapito Ruano Torres vs. El Salvador” resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015, que estableció que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho irrenunciable a una defensa efectiva, con autonomía frente al poder persecutorio.

El comunicado fue firmado por Marcela Millán, Defensora General de CABA; Ariel Alice, Defensor General de Río Negro y Coordinador del Consejo; y Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación. Los firmantes exhortaron a las autoridades de Santa Cruz a "extremar el diálogo y la prudencia", solicitando que se retire el proyecto de ley y se garantice el pleno funcionamiento de la Defensoría General y de todos/as los/as defensores/as públicos/as.

“El respeto irrestricto a su labor autónoma e institucional es clave para asegurar un sistema judicial justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos”, concluye el documento.