El Comité Río Gallegos de la UCR, presidido por Marcelo Saá, convocó un plenario para abordar un único tema: la solicitud de afiliación “del ciudadano Fabián Oscar Leguizamón”, según expresa la convocatoria. De esta manera, pretenden frenar su avance dentro del radicalismo.
Después de haber perdido la convención partidaria en San Julián, el sector que responde a Daniela D’Amico intenta desconocer su militancia, enfrentándose al Gobierno Provincial, mientras guarda silencio ante la falta de transparencia de la gestión municipal y acompaña en las políticas del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, sin miramientos.
La jugada llega justo después de que Leguizamón se impusiera con contundencia en la última convención radical celebrada en San Julián, donde el sector que lo acompaña, “Radicales Por Santa Cruz”, se quedó con los votos decisivos para definir su integración como partido al Frente “Por Santa Cruz” para las próximas elecciones legislativas.
La concejal, que se muestra cercana al intendente de la capital, sin objeciones visibles, hoy está ocupada en poner freno a un afiliado con respaldo popular y territorial que por señalar la falta de transparencia en la gestión local.
Al no poder discutir su liderazgo partidario ni cuestionar el apoyo que recibió Leguizamón en la convención, intentan ahora discutir su pertenencia partidaria. Una estrategia que, de concretarse, dejaría expuesta una conducción más interesada en el control de la estructura que en abrir el partido a una renovación y a quienes representan a sectores amplios de la sociedad santacruceña.
En medio del ajuste nacional, el gobernador de La Rioja dispuso una mejora salarial para trabajadores estatales, con foco en las categorías más bajas y beneficiarios de programas provinciales.
La justicia paraguaya dio luz verde al proceso de extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria personal, Iaria Guinsel, quienes deberán enfrentar cargos en la Argentina por contrabando de divisas y lavado de activos. La decisión llega casi siete meses después de iniciado el pedido formal por parte del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
