


28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
Este día subraya la necesidad de entender la salud de manera integral, considerando sus dimensiones biológicas, psicológicas, económicas, sociales y culturales, así como su íntima relación con los derechos humanos y sociales.
El enfoque integral de la salud implica reconocer cómo el género actúa como un determinante fundamental en el proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado. Esto requiere que el Estado desarrolle estrategias desde una perspectiva de género que aborde la multidimensionalidad y la interseccionalidad, priorizando políticas que promuevan el acceso a la salud para mujeres y disidencias.
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de derechos gracias a las luchas sociales. Entre estos logros se destacan la Educación Sexual Integral (ESI), la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE/ILE), la Ley de Parto Respetado y la Ley de Identidad de Género. Estas normativas son fundamentales para el derecho a decidir y el acceso a la salud. Sin embargo, persisten desafíos que dificultan el acceso efectivo a la salud para mujeres y disidencias.
Uno de los reclamos recurrentes al Observatorio de Políticas Públicas de Género es la violencia obstétrica. Este problema, aunque reconocido, carece de mecanismos institucionales adecuados para su resolución fuera del ámbito judicial. Es crucial desarrollar dispositivos que permitan respuestas reparadoras a las víctimas de violencia obstétrica, donde sus testimonios sean escuchados y valorados por el Estado.
Asimismo, la salud mental de mujeres y disidencias que enfrentan violencias de género es una prioridad. Estos procesos de salida de la violencia implican altos niveles de sufrimiento, donde la intervención del Estado es esencial para proporcionar apoyo, evitar la revictimización y garantizar sus derechos. La credibilidad y el acompañamiento estatal son fundamentales para asegurar la salud integral de estas personas.
Desde la Defensoría se identifican varios desafíos pendientes para garantizar un acceso efectivo al derecho a la salud. Es necesario fortalecer los mecanismos de abordaje de las violencias por razones de género y profundizar las políticas de capacitación del personal de salud. Promover el compromiso de las instituciones públicas y privadas es esencial para mejorar la atención y garantizar los derechos de mujeres y disidencias en el sistema de salud.


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