Paro indefinido en Machu Picchu: turistas evacuados y ciudadela en crisis

La controversia ha alcanzado su punto álgido con un "paro indefinido" que entra en su cuarto día. Operadores turísticos y residentes, en señal de protesta, han cerrado negocios y bloqueado accesos, generando caos y llevando a la suspensión de las actividades de los trenes que conducen al parque arqueológico.

Los manifestantes denuncian una "privatización sistemática" de Machu Picchu, exigiendo la anulación del contrato con Joinnus. Las negociaciones, hasta ahora infructuosas, entre ministros y autoridades locales han llevado a la radicalización de la huelga.

En el epicentro de las críticas se encuentra la ministra de Cultura peruana, Leslie Urteaga, acusada de permitir la comercialización de entradas a Joinnus. Pancartas en las protestas reflejan la indignación: "Ministra de Cultura, no alquiles Machu Picchu, alquila tu casa".

El colectivo popular Machu Picchu cuestiona el "cobro de una comisión del 3,9% por cada boleto vendido" por Joinnus. Urteaga niega la privatización y propone un diálogo, mientras Joinnus se ofrece a un nuevo proceso de selección y renuncia temporalmente a la comisión variable.

A pesar de estas acciones, la tensión persiste, y los manifestantes aguardan los resultados de una mesa de diálogo programada para mañana martes 30 de enero. En juego está el futuro de Machu Picchu, una joya del turismo peruano que, más allá de su valor histórico, enfrenta un desafío crucial en la búsqueda de un equilibrio entre preservación cultural y gestión responsable.