Dirigentes y Pérez Esquivel presentan "habeas corpus preventivo" contra protocolo antipiquetes para la marcha del 20 de diciembre

Este martes, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a diversos dirigentes de agrupaciones de izquierda, presentaron un "habeas corpus preventivo" ante la Justicia con el objetivo de evitar la implementación del protocolo antipiquetes en la marcha convocada para conmemorar el aniversario del 20 de diciembre de 2001.

El documento legal argumenta que la acción busca prevenir "la amenaza ilegal que afecta la libertad ambulatoria e integridad física de todas". El titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien forma parte de las organizaciones convocantes, destacó que la presentación tiene como finalidad "garantizar la seguridad y la libertad" de los participantes en la manifestación.

Belliboni señaló que la intención es facilitar la circulación de las personas por la zona y permitir que aquellos que decidan sumarse a la marcha tengan la libertad de hacerlo. Afirmó que el "habeas corpus" es una herramienta en la "batalla en el terreno legal" contra aquellos que sostienen que ha cambiado el régimen jurídico en el país.

El protocolo antipiquetes, anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contempla sanciones para quienes organicen y participen en movilizaciones callejeras. La ministra argumentó que el propósito del protocolo es cumplir con la ley y cuidar a aquellos afectados por cortes de calles y bloqueos.

En respuesta a estas medidas, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que a quienes participen en la marcha se les retirarán los planes sociales. Además de la presentación del "habeas corpus preventivo", la agrupación Teresa Vive, vinculada al MST, interpuso una cautelar denunciando el protocolo de Bullrich.

El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) convocó a una audiencia pública contra el protocolo, considerándolo ilegal e inconstitucional. También, se presentó un pedido de interpelación a la ministra Bullrich para que explique el "Protocolo antipiquete". Además, el abogado Daniel Aníbal Valmaggia presentó un recurso de amparo para declarar la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, que quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°3.

Más de 1700 firmas, incluyendo a organizaciones como la CGT, las dos CTA, la UTEP, CTEP, el PO, ATE Nacional, respaldan una presentación ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la cesación de la aplicación del protocolo y la no aprobación de normativas que limiten la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos. En la carta dirigida a la ONU se insta al Gobierno a derogar el protocolo y garantizar el derecho a la protesta y otros derechos fundamentales.