El Gobierno acordó reforzar los controles contra el contrabando

El Gobierno nacional firmó acuerdos con empresas de comercio electrónico y cámaras empresariales para detectar productos ingresados ilegalmente al país, combatir la falsificación de marcas y mejorar los controles sobre las ventas digitales. La iniciativa incluye el intercambio de información con organismos oficiales y pone el foco inicial en cinco categorías de productos.

El Gobierno nacional avanzó en un acuerdo con las principales plataformas de comercio electrónico y entidades empresariales para fortalecer los controles sobre la comercialización de productos ilegales en Argentina. La iniciativa busca combatir el contrabando, la falsificación de marcas, el fraude comercial y otras prácticas que afectan la competencia entre empresas.

Los convenios fueron firmados por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, dependiente del Ministerio de Economía, junto con la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

Entre las compañías que se sumaron al esquema se encuentran Mercado Libre, Meta —propietaria de Facebook e Instagram—, Frávega y Cetrogar, que participarán mediante acuerdos específicos para facilitar información sobre los principales vendedores de determinados productos.

La primera etapa de los controles estará centrada en cinco categorías consideradas sensibles: celulares, notebooks, cosméticos, juguetes y neumáticos.

El mecanismo prevé que las plataformas aporten información sobre los principales oferentes de estos artículos, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cruzará los datos para identificar inconsistencias fiscales e indicios de posibles irregularidades en el origen y la comercialización de la mercadería.

En el caso de Meta, la empresa también se comprometió a dar de baja publicaciones o sitios denunciados en sus plataformas de Facebook e Instagram. Además, las compañías participantes deberán desarrollar campañas informativas destinadas a vendedores y proveedores para reforzar el cumplimiento de las normas vigentes.

Los procedimientos se llevarán adelante de acuerdo con el Protocolo de Vigilancia de Mercado, aprobado mediante la Resolución 56/2026. Este marco contempla medidas para garantizar que los productos comercializados cumplan con las exigencias de seguridad, calidad e información.

Ante la detección de irregularidades, las actuaciones podrían derivar en el retiro de productos del mercado, la interrupción de su comercialización y la intervención de la Justicia cuando corresponda.

El acuerdo también contempla un plan de trabajo semestral y revisiones trimestrales para evaluar las acciones realizadas y avanzar en la coordinación entre el sector público y el privado. Entre los organismos que podrían incorporarse a futuras acciones se encuentran la Dirección General de Aduanas, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), la ANMAT, el SENASA y las fuerzas federales de seguridad.

Desde la Unión Industrial Argentina señalaron que el comercio ilícito representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y estimaron que genera pérdidas fiscales de aproximadamente US$ 2.300 millones anuales.

La entidad también indicó que, según su III Encuesta, seis de cada diez empresas industriales se ven afectadas por el comercio desleal, mientras que cuatro de cada diez registran competencia ilegal en las ventas electrónicas mediante plataformas, redes sociales y mercados digitales.

En este contexto, el sector industrial plantea la necesidad de reforzar la trazabilidad de las mercaderías, ampliar los controles sobre distribuidores y centros logísticos y mejorar las herramientas tecnológicas para detectar operaciones de subfacturación.

El acuerdo busca extender la fiscalización más allá de las fronteras y los comercios físicos, incorporando también los canales digitales donde se ofrecen y venden productos. Su implementación permitirá evaluar cómo se articulan los controles entre las empresas y los organismos estatales para detectar y prevenir nuevas irregularidades.