Espías virtuales: Patricia Bullrich lanzó un protocolo para intervenir en las redes sociales

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, autorizó un nuevo protocolo que establece los lineamientos para la creación de identidades digitales ficticias destinadas a infiltrar sitios sospechosos de cometer delitos en el ciberespacio. La normativa, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 828/2025, introduce formalmente las figuras de "agentes encubiertos digitales" y "agentes reveladores digitales" para apoyar investigaciones judiciales relacionadas con delitos complejos como pornografía infantil, narcotráfico y terrorismo.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que estas herramientas digitales son fundamentales en el combate contra las organizaciones criminales que operan cada vez más en plataformas digitales. Según detalló la cartera, la creciente comisión de delitos a través de sitios web y redes sociales exigió incorporar protocolos específicos para regular esta nueva modalidad de intervención.

El protocolo establece un proceso riguroso que comienza con una orden judicial para la activación del agente encubierto digital. La Unidad Especial de Agentes Encubiertos será la encargada de solicitar la propuesta de un agente idóneo y capacitado según los requisitos estipulados en la Ley N° 27.319. Luego, la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales analizará la propuesta y la aceptará o rechazará según corresponda.

Un aspecto clave del protocolo es la creación de un "Registro de avatares", que permitirá gestionar las identidades digitales ficticias generadas para las misiones judiciales. Estos perfiles quedarán bajo la supervisión exclusiva del Ministerio de Seguridad y protegidos por estrictas medidas de confidencialidad. La normativa también contempla la posibilidad de que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) valide estas identidades ficticias mediante documentación física o digital.

Asimismo, la normativa exige que la identidad ficticia sea utilizada exclusivamente para la misión judicial asignada y establece que al concluir la investigación, la información creada debe eliminarse de todas las bases de datos oficiales. Solo excepcionalmente, podrá prolongarse su uso por razones de seguridad o nuevas investigaciones.

Esta iniciativa forma parte de una serie de medidas adoptadas por Bullrich en el ámbito digital, como la creación en 2024 de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y la habilitación a las fuerzas federales para realizar ciberpatrullajes preventivos sin necesidad de autorización judicial previa, en situaciones que impliquen amenazas, intimidaciones o delitos relacionados con criptoactivos.

La oposición cuestionó duramente la medida por considerar que vulnera derechos fundamentales como la intimidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales, calificando la normativa como un exceso del Poder Ejecutivo.