El Gobierno inicia auditoría a casi 300 mil pensionados por invalidez laboral

El Gobierno nacional ha comenzado una auditoría masiva sobre casi 300 mil beneficiarios de pensiones por invalidez laboral no contributivas con el objetivo de verificar la legitimidad de los usuarios y evitar fraudes en el sistema. La medida, articulada con el PAMI, se puso en marcha en las provincias de Chaco, Mendoza, Tucumán, San Luis, Santa Fe, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informaron que este viernes se enviaron 299.423 cartas documento a los beneficiarios, notificándolos sobre la fecha, hora y lugar de su auditoría médica. Durante la evaluación, un profesional del PAMI revisará la documentación y los estudios médicos que respalden la incapacidad laboral del beneficiario, la cual debe ser igual o superior al 66% para continuar recibiendo la pensión.

Los pensionados deberán remitir en un plazo de 30 días toda la documentación al Andis para su análisis. En caso de no presentarse a la auditoría tras varios llamados, el beneficio podría ser suspendido.

Este proceso, que se extenderá en los próximos meses a más de un millón de pensionados, busca transparentar el sistema de pensiones por invalidez. Según datos oficiales, en una etapa inicial de auditorías realizadas en 2024, solo el 20% de las 22.417 pensiones revisadas cumplían con los requisitos. Asimismo, se detectaron casos de personas fallecidas que continuaban cobrando el beneficio, reclusos que recibían la pensión y hasta prófugos de la justicia que figuraban como beneficiarios.

El operativo de control se da en un contexto de revisión del sistema de pensiones, cuya cantidad de beneficiarios creció significativamente en las últimas décadas. Mientras que durante la gestión de Néstor Kirchner las pensiones aumentaron un 183%, en los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner el incremento fue del 143% y 47,93% respectivamente. Durante la administración de Mauricio Macri se registró una leve baja del 1,9%, mientras que en la presidencia de Alberto Fernández el número volvió a aumentar un 18,46%.

El procedimiento de auditoría contempla varias etapas. La primera, ya en marcha, es la notificación a los beneficiarios. Luego, los médicos del PAMI realizarán las entrevistas y evaluaciones correspondientes. Posteriormente, los especialistas de Andis analizarán la documentación para emitir los dictámenes finales y determinar si cada persona auditada sigue cumpliendo con los requisitos para percibir la pensión o si se procede a su suspensión.

Si bien este control ahora se refuerza con el apoyo del PAMI, ya se venía implementando en algunas provincias con la colaboración de ANSES. En Chaco, por ejemplo, se han iniciado juicios por la distribución de pensiones irregulares, evidenciando la magnitud del problema.