La industria pesquera santacruceña: crecimiento histórico bajo la sombra de la inacción judicial

El sector pesquero de Santa Cruz se enfrenta a un panorama dual. Por un lado, se celebra la ampliación del permiso de pesca de merluza hubbsi a 20 mil toneladas por 15 años, acordado con el Consejo Federal Pesquero, un logro que representa un hito histórico para la producción. Por otro, la industria enfrenta serios desafíos debido a la falta de respuestas judiciales ante denuncias por irregularidades, desmanejos y coerción en plantas clave como la ex Barillari de Caleta Olivia, que emplea a más de 400 trabajadores.

La inacción del Poder Judicial, incluso frente a medidas dictaminadas por sus propios funcionarios, ha generado un clima de impunidad que afecta la sostenibilidad del sector. Las irregularidades denunciadas, como maniobras coercitivas y desmanejos administrativos, impactan no solo en la competitividad de las empresas, sino también en la confianza de los trabajadores, quienes ven desalentados sus esfuerzos por operar dentro de la legalidad. Esto podría derivar en conflictos sociales que amenazan la estabilidad de una actividad económica clave para ciudades como Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián.

Desde la industria y las comunidades costeras, se exige una intervención judicial efectiva que garantice la transparencia, la justicia y el desarrollo sostenible de esta actividad estratégica para la economía santacruceña.