El Gobierno argentino trabaja junto a Paraguay para identificar al grupo que atacó un destacamento policial en Misiones, donde robaron armas y asesinaron a un oficial. La principal hipótesis apunta a una organización criminal vinculada al narcotráfico, lo que ha llevado a un intercambio de información entre las agencias de seguridad de ambos países. En la Unidad Regional III de Eldorado, el grupo comando se llevó dos fusiles FAL y dos escopetas, intensificando la preocupación por el avance del crimen organizado en la región fronteriza.
En respuesta, el Ejecutivo avanza en medidas para fortalecer la inteligencia y la seguridad nacional. Entre ellas, se plantea una Ley de Seguridad Nacional que permitiría ampliar las atribuciones de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia, además de habilitar operativos en fronteras y acciones encubiertas. Este proyecto busca enfrentar tanto al narcotráfico como a otras amenazas, como avionetas ilegales y grupos terroristas, declarando ciertos puntos estratégicos, como Vaca Muerta y centrales nucleares, como zonas militarizadas.
La colaboración internacional también se intensificará mediante acuerdos con agencias como la CIA y el Mosad. Paralelamente, el Gobierno planea una reforma de la Policía Federal, con un aumento en el personal dedicado a la investigación criminal y un despliegue más equilibrado en el interior del país.
El Gobierno nacional anunció la prórroga de contratos para aproximadamente 40.000 empleados públicos bajo el régimen del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Esta extensión será válida hasta el 31 de marzo de 2025 y afecta a trabajadores cuyos convenios vencieron el 31 de diciembre de 2024, en sectores transitorios o estacionales.
