Según información proporcionada por el Ministerio de Capital Humano, las facturas truchas podrían haber alcanzado un total de aproximadamente 150.000 dólares durante los años 2020 y 2021. El esquema de defraudación funcionaba de la siguiente manera: el Polo Obrero, en su rol de unidad de gestión del Potenciar Trabajo, recibía fondos del Estado destinados a la compra de herramientas y materiales para los beneficiarios del programa. Parte de este dinero era desviado hacia las empresas mencionadas, que emitían facturas falsas para simular compras inexistentes.

Los allanamientos realizados por orden del juez Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita han revelado pruebas que respaldan la hipótesis de defraudación. Entre las pruebas encontradas, destacan facturas con montos redondos y otras con la frase "por las dudas", lo que sugiere una preparación para simular gastos ficticios. Además, la Justicia ha descubierto que "Ediciones e Impresiones Rumbos SRL" hacía aportes al propio Polo Obrero, lo que indicaría un sistema de autofinanciamiento con fondos estatales.

El caso también ha destapado prácticas de extorsión por parte de los dirigentes del Polo Obrero hacia los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Se ha documentado que se les exigía a los beneficiarios entre 2.000 y 3.000 pesos y que participaran en marchas bajo amenaza de perder acceso a los bolsones de comida. En algunos casos, quienes no asistían a las movilizaciones debían pagar multas de hasta 10.000 pesos. La Justicia continúa investigando estas prácticas adicionales, que agravan aún más la situación del Polo Obrero y sus dirigentes.