Procesaron al exjefe de ARSAT por presuntas coimas y contratos con sobreprecios: le fijaron un embargo de $3.000 millones

La Justicia avanzó en una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa estatal de telecomunicaciones. La causa busca determinar si existieron pagos ilegales y maniobras para favorecer a una compañía privada

La Justicia dictó el procesamiento del exjefe de ARSAT, Facundo Leal, en el marco de una investigación por presuntas coimas, sobreprecios y posibles irregularidades en contratos vinculados a la empresa estatal. Además, se dispuso un embargo de 3.000 millones de pesos sobre sus bienes, en el contexto de la causa.

La investigación apunta a establecer si existió un esquema de contrataciones irregulares para beneficiar a una empresa privada encargada de prestar servicios de logística, transporte y almacenamiento de equipos utilizados por ARSAT.

Según trascendió, durante el período investigado se emitieron distintas órdenes de compra a favor de la firma bajo sospecha. Los investigadores buscan determinar si los montos abonados se correspondían con los servicios efectivamente prestados o si existieron sobreprecios que ocasionaron un perjuicio económico para el Estado.

El expediente incluye documentación administrativa, comunicaciones telefónicas, mensajes y peritajes sobre dispositivos electrónicos. Estos elementos son analizados para reconstruir el funcionamiento de las contrataciones y determinar si hubo pagos indebidos a funcionarios o intermediarios.

La causa se habría originado a partir de una denuncia vinculada al robo de equipos almacenados en un depósito de la provincia de Buenos Aires. A partir de ese episodio, la investigación se extendió a los contratos y a los procedimientos utilizados para contratar los servicios de almacenamiento y seguridad.

La medida judicial busca asegurar eventuales responsabilidades patrimoniales en caso de que se compruebe un perjuicio económico derivado de las maniobras investigadas.

El procesamiento representa un avance en el expediente, aunque no constituye una condena definitiva. La Justicia deberá continuar reuniendo pruebas y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

La investigación se centra en presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y en la posible existencia de beneficios indebidos mediante contrataciones con una empresa privada. Mientras tanto, los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.