Rockhopper ratificó que busca comenzar a extraer petróleo en Malvinas en 2028 pese a las sanciones argentinas

La petrolera británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de comenzar la producción de petróleo en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, durante el primer trimestre de 2028. La compañía sostuvo que las recientes medidas impulsadas por la Argentina no modificaron el cronograma previsto para el desarrollo del yacimiento.

Rockhopper posee el 35% del proyecto, mientras que la petrolera israelí Navitas tiene el 65% y está a cargo de la operación. En su balance del primer semestre, el director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, describió el actual período como decisivo y aseguró que la compañía cuenta con financiamiento para avanzar hasta la primera producción. También destacó el respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las autoridades de las islas.

La confirmación se produce en medio de una creciente disputa entre la Argentina, el Reino Unido y las empresas involucradas en la explotación hidrocarburífera alrededor de las Malvinas. En septiembre, el Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área. 

Además, el 28 de septiembre la administración de Javier Milei anunció que instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos mediante el proyecto Sea Lion. El Gobierno también advirtió que podría solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. 

Desde la empresa, en cambio, sostienen que las licencias petroleras fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo británico. Navitas también indicó que, según la información difundida por Rockhopper, los acontecimientos recientes no tendrían un impacto significativo sobre el desarrollo de Sea Lion ni sobre su calendario de ejecución.

El proyecto Sea Lion se convirtió así en uno de los principales puntos de tensión dentro de la disputa por la soberanía de las Malvinas, al combinar el reclamo territorial argentino con el desarrollo de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur. La Argentina sostiene que esas actividades se realizan sin su autorización, mientras que las empresas y las autoridades británicas defienden la validez de las licencias.