Una científica del INTA enfrenta un sumario que podría terminar en su exoneración tras investigar plaguicidas

La investigadora Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias del INTA y el CONICET, enfrenta un sumario administrativo que podría derivar en su exoneración del organismo. El caso está relacionado con su participación como coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea que estudió la presencia de residuos de plaguicidas en el ambiente, alimentos, animales y personas.

Aparicio trabaja desde hace más de dos décadas en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce y desarrolló buena parte de su trayectoria en investigaciones vinculadas con plaguicidas, suelo y agua. El proyecto SPRINT comenzó oficialmente en 2020 y Argentina fue uno de los países participantes. La documentación del propio INTA identifica a Aparicio como líder del sitio de estudio argentino.

En el marco del estudio, realizado con muestras obtenidas en 2021, se analizaron muestras biológicas humanas y una pulsera utilizada durante siete días para evaluar la exposición a distintas sustancias. En las muestras se investigaron 208 plaguicidas. Los informes entregados a participantes aclaraban que el objetivo inicial era identificar qué sustancias estaban presentes, dónde aparecían y cuáles eran las mezclas más frecuentes, sin establecer a partir de esos resultados cuáles eran sus efectos sobre la salud.

El conflicto institucional tomó mayor dimensión en 2023, cuando, según distintas publicaciones y el relato de la propia investigadora, el INTA suspendió una presentación prevista para comunicar los resultados generales del relevamiento argentino. Posteriormente, el organismo dejó de participar del proyecto y Aparicio quedó involucrada en un proceso administrativo. La investigadora sostiene que el procedimiento está relacionado con su trabajo científico, mientras que el gremio APINTA manifestó su respaldo y cuestionó lo que considera un proceso de censura y persecución.

De acuerdo con su abogado, Mario Bolla, el expediente podría concluir con la exoneración, una de las sanciones más graves dentro del empleo público nacional. Sin embargo, se trata de un procedimiento administrativo en curso y las acusaciones y fundamentos del sumario deben ser considerados dentro de ese proceso. El caso abrió un debate sobre la comunicación de investigaciones realizadas dentro de organismos públicos, la libertad científica y los mecanismos institucionales para difundir resultados que pueden tener impacto ambiental y social.