Un ex fiscal admitió haber usado fondos judiciales para fines personales y dijo: “Soy ludópata”

El exfiscal de Delitos Económicos de Rosario, Mariano Ríos Artacho, admitió ante la Justicia haber utilizado dinero depositado en cuentas judiciales para fines personales y vinculó esas maniobras con su adicción al juego. El funcionario está siendo juzgado junto a otras diez personas por el presunto desvío de unos $425 millones entre 2017 y 2024.

Durante la segunda jornada del juicio, Ríos Artacho reconoció que dispuso de fondos correspondientes a expedientes judiciales y aseguró que durante años manejó ese dinero prácticamente como si fuera propio. “Soy ludópata”, afirmó ante los jueces, al explicar que su adicción al juego comenzó en 2013, cuando todavía trabajaba como funcionario judicial en la jurisdicción de Melincué.

El exfiscal, quien permanece detenido desde la semana pasada, se quebró durante su declaración y pidió perdón a su familia. Sin embargo, rechazó uno de los principales puntos de la acusación: negó haber encabezado una asociación ilícita y sostuvo que fue él quien tomó las decisiones que terminaron involucrando a los demás imputados. “Yo arrastré al resto”, afirmó.

La Fiscalía sostiene que Ríos Artacho lideró una organización integrada por otras diez personas para disponer irregularmente de fondos provenientes de expedientes judiciales, entre ellos dinero correspondiente a fianzas, cauciones y sumas secuestradas durante procedimientos. Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani le atribuyen maniobras como restituciones de dinero a personas que no serían víctimas, fondos incautados que presuntamente no fueron depositados en las cuentas correspondientes y movimientos de dinero que habrían terminado destinados a inversiones o al juego.

El perjuicio económico calculado por los investigadores asciende a unos $425 millones. La defensa, en cambio, cuestionó que haya existido una estructura organizada para sustraer fondos y sostuvo que la problemática de la ludopatía debe ser contemplada al analizar las responsabilidades de los acusados.

La adicción al juego también fue mencionada en la situación de Fabricio Emanuel Romero, otro de los imputados. Su abogado, Gonzalo Rucci, señaló que algunos de los acusados se conocían de los casinos y atravesaban problemas vinculados con el juego. También explicó que personas autoexcluidas de salas de juego de Santa Fe pueden trasladarse a otras provincias o incluso a países vecinos para continuar apostando.

Ríos Artacho dejó su cargo como fiscal en 2024, mientras atravesaba un proceso de destitución impulsado por la Legislatura de Santa Fe. Posteriormente retomó el ejercicio de la abogacía y llegó a intervenir como defensor particular en causas penales. La acusación le atribuye, entre otros delitos, peculado, fraude, falsedad ideológica y asociación ilícita.