La jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires explicó su decisión: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”

La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual defendió su decisión de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y advirtió que el territorio bonaerense no cuenta con la infraestructura ni los recursos necesarios para incorporar a más adolescentes al sistema penal.

La magistrada, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, sostuvo que el problema no está únicamente en la edad de imputabilidad, sino en las condiciones en las que se aplicará la nueva normativa.

“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó Pascual en declaraciones a Radio Now. En ese sentido, explicó que un sistema de encierro que no garantice educación, capacitación y tratamiento puede terminar agravando las condiciones de quienes ingresan al sistema.

La jueza aclaró que no se opone necesariamente a la reducción de la edad de imputabilidad. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, sostuvo.

El argumento detrás de la suspensión

La medida cautelar fue dictada luego de que Pascual hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de la libertad.

La Ley 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entró en vigencia a nivel nacional el sábado y fue reglamentada por el Gobierno nacional este lunes.

En los fundamentos de su resolución, la magistrada cuestionó si la provincia de Buenos Aires cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables” para albergar a los nuevos adolescentes que podrían ingresar al sistema, bajo los estándares establecidos por los derechos humanos de la niñez.

Pascual advirtió además que la reforma podría generar un incremento considerable de personas menores de edad detenidas, tanto por el aumento de nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención.

Según su planteo, el eventual hacinamiento podría incrementar los niveles de violencia e inseguridad dentro de los propios establecimientos.