
Neuquén echó a tres empleados estatales por certificados médicos falsos y ausencias injustificadas
Nacionales12 de agosto de 2026 I24El Gobierno provincial dispuso la desvinculación de tres trabajadores mediante decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa. Uno de los casos involucra a un enfermero del Hospital Castro Rendón, quien fue exonerado tras presentar certificados médicos apócrifos para justificar cuatro inasistencias.
El Gobierno de Neuquén avanzó con el despido de tres empleados estatales luego de determinar irregularidades vinculadas con certificados médicos falsos y prolongadas ausencias sin justificar.
Las medidas fueron establecidas a través de decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa y alcanzaron a trabajadores de distintas reparticiones de la administración provincial. Los expedientes administrativos determinaron diferentes grados de responsabilidad y derivaron en sanciones de exoneración y cesantía.
Un enfermero fue exonerado por presentar certificados apócrifos.
El caso considerado más grave corresponde a un enfermero que se desempeñaba en el Hospital Castro Rendón, de la ciudad de Neuquén.
Según la investigación administrativa, el trabajador presentó certificados médicos apócrifos para justificar cuatro ausencias registradas el 3 de abril, 14 de mayo, 22 de mayo y 6 de junio de 2024.
Los documentos consignaban distintos diagnósticos, entre ellos síndrome febril y vómitos, dengue, síndrome gripal y gripe sintomática. Los auditores determinaron además que los certificados habían sido confeccionados fuera del ámbito hospitalario.
Durante la investigación declararon dos médicos cuyos sellos habrían sido utilizados en la documentación. Uno de ellos señaló que guardaba su sello en un cajón al que tenían acceso los enfermeros, mientras que otro aseguró que nunca había atendido al trabajador involucrado.
A partir de las pruebas reunidas, las autoridades consideraron acreditadas las irregularidades y aplicaron la exoneración, una sanción más grave que la cesantía dentro del régimen disciplinario estatal.
Además, el expediente advierte que los hechos podrían constituir un posible delito contra la administración pública. En caso de comprobarse que el empleado cobró los días en los que no trabajó, el Estado podría iniciar acciones para recuperar esos haberes.
Dos empleadas fueron cesanteadas por abandono de cargo
Los otros dos casos corresponden a empleadas de planta permanente que fueron sancionadas con cesantía luego de que se comprobaran extensos períodos de ausencias injustificadas.
Una de ellas pertenecía al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. De acuerdo con la investigación, no concurrió a su puesto entre el 2 y el 5 de enero y posteriormente desde el 22 de enero hasta el 5 de junio de 2024.
Las autoridades encuadraron la conducta como abandono de cargo. La trabajadora cuestionó durante el proceso la forma en que se registraban las asistencias, pero su superior sostuvo que durante ese período el control se realizaba mediante fichaje con huella digital y que el envío de documentación por WhatsApp no era válido para justificar las inasistencias.
El tercer expediente corresponde a una ex empleada del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, a quien se le atribuyeron ausencias injustificadas desde el 2 de enero hasta el 28 de junio de 2024.
En este caso, la trabajadora reconoció las inasistencias, aunque no presentó elementos que permitieran justificar el extenso período en el que no concurrió a su puesto.
El Gobierno sostiene una política de “tolerancia cero”
Las nuevas sanciones se enmarcan en la política del Gobierno neuquino de reforzar los controles sobre la asistencia y el cumplimiento de las obligaciones de los empleados públicos.
Además de las desvinculaciones, las autoridades analizan si alguno de los trabajadores percibió salarios correspondientes a jornadas en las que no prestó servicios. De confirmarse, podrían iniciarse reclamos administrativos y judiciales para recuperar esos fondos.
Los tres casos vuelven a poner bajo la lupa los mecanismos de control dentro del Estado provincial y la decisión de avanzar con sanciones contra quienes incumplan las normas laborales o presenten documentación considerada falsa para justificar sus ausencias.


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