Milei anunció una reforma del Banco Central: busca prohibir el financiamiento al Tesoro y blindar a su directorio

El Gobierno de Javier Milei presentó los principales lineamientos del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que será enviada al Congreso junto con un paquete de reformas fiscales y financieras. El objetivo central es limitar la capacidad de la autoridad monetaria para financiar al Estado y establecer como misión prioritaria la preservación del valor de la moneda.

La propuesta contempla la prohibición total de los mecanismos de financiamiento del BCRA al Tesoro nacional, las provincias y los municipios. Esto incluye los adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario. Según la visión del Gobierno, la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal fue uno de los principales factores detrás de la inflación en las últimas décadas.

Otro de los cambios apunta a las utilidades contables del Banco Central. El proyecto busca impedir que esas ganancias sean transferidas al Tesoro para financiar gastos corrientes y establece que permanezcan como reservas dentro de la entidad, con la posibilidad de utilizarlas únicamente para el pago de deuda. También se propone eliminar las llamadas letras intransferibles, mediante las cuales el Tesoro utiliza reservas internacionales del BCRA para afrontar vencimientos.

La iniciativa también modifica los objetivos institucionales del Banco Central. La Carta Orgánica vigente establece, además del cuidado de la moneda, metas vinculadas con el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social. El Gobierno pretende concentrar la función de la entidad en preservar el valor de la moneda. A su vez, plantea un mayor blindaje para el directorio: la remoción del presidente y los directores requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

El paquete anunciado por Milei incluye además un denominado “grillete fiscal”, que establecería una regla permanente para limitar el déficit y prevé la paralización automática de determinadas actividades y gastos estatales si no se logra equilibrar las cuentas públicas. A esto se suman reformas destinadas a flexibilizar el mercado de capitales y el sector de seguros, con menos autorizaciones y restricciones para la emisión de instrumentos financieros y el lanzamiento de nuevos productos. Para el Gobierno, las medidas forman parte de un mismo esquema: reducir el déficit, impedir que el Banco Central financie al Estado y ampliar el acceso de empresas y particulares al crédito privado.