Milei firmó un DNU que habilita expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra la Argentina

El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina, los argentinos o sus símbolos patrios. La medida fue oficializada mediante el decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y fue presentada por el Gobierno como una respuesta a las manifestaciones de hostilidad registradas contra el país tras el Mundial.

La nueva normativa modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 e incorpora un inciso al artículo 29, que habilita rechazar el ingreso de extranjeros que hayan emitido mensajes de odio, ya sea de forma oral o escrita, o que inciten a la violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad. También contempla a quienes hayan participado o promovido actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales. No obstante, el decreto aclara que las críticas políticas, académicas, ideológicas o ciudadanas realizadas en el marco del ejercicio de derechos constitucionales no serán alcanzadas por estas disposiciones.

Además de impedir el ingreso al territorio nacional, el DNU incorpora estas conductas como causal para cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país. En esos casos, las autoridades podrán intimar a la persona a abandonar la Argentina en un plazo determinado o disponer directamente su expulsión, previa evaluación de las circunstancias personales y fácticas de cada caso, según establece la modificación del artículo 63 de la legislación vigente.

Al anunciar la medida, la Oficina del Presidente sostuvo que "la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable" y afirmó que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país". Desde el Gobierno argumentaron que el decreto busca preservar la convivencia social frente al incremento de expresiones de odio y actos de hostilidad dirigidos contra la identidad nacional, al tiempo que remarcaron que la iniciativa no limita el derecho a la libre expresión cuando se trata de opiniones o críticas amparadas por la Constitución.