Presupuesto 2026: la oposición busca dictamen y el oficialismo apuesta a debatirlo en extraordinarias

El debate por el Presupuesto 2026 entrará en una instancia decisiva este martes 4 de noviembre, cuando la Comisión de Presupuesto, presidida por Bertie Benegas Lynch, se reúna desde las 12 para intentar avanzar en los dictámenes. Mientras la oposición ya tiene borradores listos para firmar, el oficialismo apuesta a que no haya quórum y que la discusión se postergue para sesiones extraordinarias. En Unión por la Patria aseguran tener su dictamen preparado, Encuentro Federal da los últimos retoques al suyo y otros bloques opositores como Democracia para Siempre anticipan acuerdos sobre puntos clave.

El eje central de la negociación gira en torno al equilibrio fiscal proyectado por el Gobierno de Javier Milei. Aunque la oposición exige modificar aspectos del proyecto enviado por la Casa Rosada, varios bloques coinciden en respetar la meta de superávit fiscal. UxP propone un superávit del 0,9% del PBI incorporando leyes aprobadas por el Congreso —como las emergencias sanitarias y de discapacidad—, mientras que el oficialismo fija la meta en 1,5%. Los legisladores de Encuentro Federal destacaron que el costo de las leyes insistidas representa un 0,4% del PBI y que otro 0,1% debería destinarse al financiamiento de cajas previsionales provinciales.

En paralelo, el Ejecutivo recibe sugerencias de cambios al texto original y evalúa convocar a jefes de bloque antes de la reunión de comisión. Entre las preocupaciones opositoras, se destaca la necesidad de que el Presidente convoque a sesiones extraordinarias para discutir el Presupuesto junto con las reformas laboral y tributaria. Dentro del Congreso, las posiciones siguen divididas: sectores opositores advierten un ajuste en áreas como educación, mientras el PRO valora que el Gobierno priorice el equilibrio fiscal. El proyecto oficial prevé una inflación del 10,1% para 2026, un crecimiento del 5% del PBI y un dólar oficial a $1423, además de destinar el 85% del gasto a educación, salud y jubilaciones, con asignaciones destacadas como $4,8 billones para universidades y aumentos reales en prestaciones sociales.