Jueces, fiscales y defensores denunciarán penalmente a los Ministros de Superior Tribunal y solicitarán juicio político al presidente Javier Raidan

Luego de tres horas de reunión y con una participación de casi un centenar de afiliados, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut, decidió por mayoría: 1) denunciar penalmente a los 6 integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, 2) solicitar la realización del juicio político al presidente del máximo tribunal, Javier Raidan, 3) iniciar un juicio de ejecución para cobrar los aumentos acordados y 4) interponer un recurso de amparo para que el Superior responda al pedido de informes que oportunamente realizó la Asociación.

El encuentro de los integrantes del gremio que nuclea a jueces, fiscales y defensores se realizó a través de la plataforma “zoom”, lo que permitió una abrumadora participación de magistrados de toda la provincia quienes, por amplia mayoría, decidieron sentar en el banquillo de los acusados a los seis integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

La denuncia penal apuntaría a resaltar el incumplimiento de los deberes de funcionario público en los que habrían incurrido los Ministros al aumentarse sus ingresos, sin que dicho incremento salarial respetara, entre otras normas, la ley de ética pública y de porcentualidad que posibilita que todo aumento de salario alcance a todos los estamentos del poder judicial de manera proporcional a la categoría de cada empleado.

Valores como “decoro”, “austeridad republicana” fueron algunos de los conceptos que estuvieron en boca de varios de los asociados que no ocultaron su profundo malestar no solo por la decisión unilateral de los Ministros de aumentarse sus salarios, sino al mismo tiempo, por la negativa y el silencio inexplicable que ejerce la presidencia del cuerpo en manos, desde el 1 de mayo, del abogado bonaerense Javier Raidan.

El pedido de juicio político a Raidan no tardará en aterrizar en la Cámara de Diputados de la Provincia. Los argumentos que sostendrán tamaño pedido serán las “irregularidades” detectadas y el “avasallamiento” practicado por Raidan, ocurridas durante su presidencia, siendo éste cargo, el de mayor envergadura en el escalafón del poder judicial.

De manera simultánea, los integrantes de la Asociación de Magistrados iniciaran un juicio de ejecución para cobrar los aumentos acordados y que, hasta el momento, dichos compromisos no fueron honrados por la conducción del Superior Tribunal de Justicia.

Como último punto de lo acordado en la asamblea de la entidad se encuentra interponer un recurso de amparo para que los seis Ministros respondan a los distintos pedidos de información, solicitud que fuera presentada por la Asociación de Magistrados amparada en la vigencia de la ley de libre acceso a la información pública.

La entidad intermedia solicitó oportunamente que el máximo órgano que imparte el servicio de justicia en la provincia informara respecto de: nombramientos de nuevos cargos que se realizaron en el seno del Superior sin que mediara el concurso correspondiente, la compra de 6 camioneta Toyota SW4 (una para cada Ministro), la disponibilidad de 12 pasajes aéreos para cada Ministro por año, la disponibilidad de una tarjeta de crédito corporativa para cada uno, alquileres de viviendas, nombramientos de secretarias privadas, entre otros planteos.

La ley de libre acceso a la información pública obliga a todo funcionario público a informar en el término de diez días hábiles la demanda informativa, plazo que se venció el pasado lunes. Sin embargo, hasta el momento, todos los integrantes del Superior mantienen un silencio cómplice que comparten con el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena y Defensor General, Sebastián Daroca, también beneficiados por los aumentos salariales.

El conflicto desatado plantea la paradojal situación. Es un hecho que los planteos judiciales que interpondrá la Asociación de Magistrados denunciando a sus superiores, deberán ventilarse en tribunales ordinarios cuyos titulares son los mismos jueces denunciantes. Con lo cual, no sería extraño que, una vez presentadas las demandas, los titulares naturales de cada juzgado se deban excusar de tener intervención, dada su calidad de denunciante o integrante de la asociación. Así, es muy probable que se deba recurrir a la lista de conjueces que integra una larga lista de abogados de la circunscripción judicial en la que se radique la denuncia.