ENARSA reclamó nuevamente a Distrigas S.A. el pago de una deuda de $13 mil millones, acumulada durante las gestiones de María Belén García (2020-2022) y Karina Saúl (2022-2023). La situación, calificada como crítica por el actual presidente de la empresa, Marcelo de La Torre, pone en riesgo la estabilidad financiera de la distribuidora y podría derivar en retenciones automáticas para la provincia si no se encuentra una solución.
De La Torre expresó preocupación por el rechazo de las propuestas de pago presentadas hasta el momento, advirtiendo sobre el impacto potencial de la deuda, que equivale a un año de coparticipación de tres municipios importantes o al costo de 350 patrulleros equipados. Este panorama refleja, según el funcionario, las consecuencias de la desidia administrativa de años anteriores.
A pesar del complejo escenario, Distrigas ha logrado optimizar recursos y mantener sus servicios en las localidades donde opera. Sin embargo, la empresa enfrenta una carrera contrarreloj para evitar un conflicto judicial que podría agravar aún más la situación económica de la provincia.
El expresidente Alberto Fernández solicitó a la Justicia el cese de la prohibición de salida del país que le fue impuesta tras la denuncia por violencia de género realizada por su expareja, Fabiola Yáñez. El pedido, presentado por su equipo de abogados, tiene como objetivo permitirle cumplir con compromisos laborales y personales, mientras avanza el caso judicial.
En declaraciones a LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz, el ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, se refirió a la importancia de articular acciones con el sector privado; la zafra de calamar y su impacto en la provincia; y dio detalles acerca de lo acontecido recientemente en el puerto de Puerto Deseado.
En un comunicado reciente, el Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, informó que no se renovaron 1.400 contratos de empleados dependientes de esa cartera. La decisión forma parte de una serie de medidas implementadas para optimizar la gestión de recursos humanos y reforzar la eficiencia en la administración pública.
