La Cámara de Casación avaló el juicio en ausencia por el atentado a la AMIA

A 32 años del atentado contra la AMIA, la Cámara Federal de Casación Penal declaró constitucional el mecanismo de juicio en ausencia y habilitó su aplicación en la causa contra los acusados que permanecen prófugos. La Sala II rechazó el planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa oficial y de esta manera dejó allanado el camino para que el proceso pueda avanzar sin la presencia de los imputados. 

El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, en Pasteur 633, y dejó 85 muertos y 151 heridos. La investigación lleva más de tres décadas y, hasta ahora, no se había podido realizar un debate oral contra los acusados que permanecen fuera del país y cuentan con pedidos de captura internacional. 

Los jueces Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques consideraron, entre otros argumentos, que existieron distintos mecanismos de notificación y difusión internacional que permitían inferir que los imputados conocían la existencia del proceso. La defensa había cuestionado la posibilidad de que, tras una eventual condena, pudieran existir restricciones para acceder a un nuevo juicio si los acusados se presentaban posteriormente. Para los camaristas, ese planteo se refería a una situación futura e incierta que todavía no correspondía resolver. 

La decisión se produce luego de que el juez federal Daniel Rafecas procesara a ocho altos mandos iraníes y libaneses en la causa y calificara los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio. Esos procesamientos pueden ser apelados por la Defensa Oficial y, si quedan firmes, el expediente podrá avanzar hacia su elevación a juicio oral y público.

El juicio en ausencia fue incorporado al ordenamiento argentino mediante la Ley 27.784, sancionada en 2025, y establece un mecanismo para determinados delitos graves cuando el imputado permanece prófugo pese a conocer el proceso y se garantizan las condiciones de defensa técnica. La causa AMIA constituye la primera aplicación de este procedimiento en el país.

En su resolución, los magistrados también destacaron el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre lo ocurrido. De esta manera, el fallo de Casación representa un nuevo paso procesal para que, después de más de 32 años, la causa pueda llegar finalmente a una instancia de juicio contra los acusados que continúan fuera del alcance de la Justicia argentina.