El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina, impulsado por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ha generado una fuerte polémica.
Actualidad29 de agosto de 2024 i24
La propuesta, que pretende reducir la edad de responsabilidad penal a los 13 años y establecer una pena máxima de 20 años para menores de 18, fue duramente cuestionada en la Cámara de Diputados durante un plenario de comisiones.
Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, y Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, encabezaron las críticas. Ambas coincidieron en que la iniciativa contraviene recomendaciones internacionales y expone a los menores a un sistema penal "ineficaz y colapsado".
Martínez argumentó que la propuesta del oficialismo ignora principios fundamentales de los derechos humanos, subrayando que la privación de libertad debería ser un último recurso, aplicado solo por el tiempo más breve posible. "Lo más grave es que entrega a los niños de 13, 14 y 15 años a un sistema que no funciona", advirtió, señalando el deterioro y hacinamiento en las cárceles como factores que agravan la situación. Según ella, las cárceles se han convertido en "escuelas de delincuencia", y la inclusión de menores en este contexto podría tener consecuencias devastadoras.
Por su parte, Marisa Graham reforzó la idea de que la violencia no se combate con más violencia. Cuestionó la efectividad de reducir la edad de imputabilidad, destacando que los índices de criminalidad no disminuyen endureciendo penas a menores, sino atacando las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza y la vulnerabilidad social. "Un 70% de los menores vive bajo la línea de pobreza, y un 30% bajo la de indigencia", precisó Graham, destacando que los menores son más víctimas que victimarios.
El debate también contó con la participación de expertos como la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, Amalia López, y el diputado nacional y neurocientífico Facundo Manes. Todos coincidieron en la necesidad de un enfoque más integral que contemple la protección y rehabilitación de los menores, en lugar de su criminalización.
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