El Gobierno oficializa el decreto para rescindir contratos de obra pública

El Gobierno nacional ha oficializado un nuevo decreto que permite la rescisión de contratos de obra pública y servicios firmados antes del 10 de diciembre de 2023. Publicado en el Boletín Oficial, el decreto se enmarca dentro de la Ley Bases y modifica la Ley de Obra Pública (17.520). Según la norma, se podrán cancelar acuerdos que superen los $10.000 millones, aunque se excluyen aquellos proyectos con un avance del 80% o que cuenten con financiamiento internacional. El Ejecutivo dispone de un plazo de noventa días para reactivar los proyectos rescatados.

Además, el decreto introduce cambios significativos en el régimen de concesiones, permitiendo que el Gobierno otorgue concesiones a entidades privadas o mixtas a través de licitaciones públicas. La normativa elimina los artículos que prohibían la indexación de costos y la repotenciación de deudas, y deroga el fondo de control de concesiones financiado por peajes y tarifas. También se establece que las bases de contratación puedan constituir sociedades anónimas de propósito específico, con un control riguroso sobre la ejecución y transferencia de contratos.

El nuevo marco regulatorio implica que la Casa Rosada debe contar con dictámenes favorables de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro para avanzar en acuerdos transaccionales. El Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, será el encargado de supervisar el cumplimiento de la nueva legislación.