Santa Cruz aprobó la Ley de Emergencia Administrativa y la Ley de Emergencia Energética

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó dos leyes clave para la gestión gubernamental: la Ley de Emergencia Administrativa y la Ley de Emergencia Energética. Estas medidas, enviadas por el Poder Ejecutivo Provincial y aprobadas en sesión ordinaria, tienen como objetivo agilizar la respuesta estatal ante las necesidades de la población en áreas críticas como la alimentación, la infraestructura y los servicios básicos.

La Ley de Emergencia Administrativa y Alimentaria establece un plazo de tres meses, prorrogable por el Poder Legislativo, durante el cual se supedita el trámite de adquisición de bienes y contratación de servicios en áreas prioritarias como Salud, Educación y Desarrollo Social a la autorización expresa del Ministerio de Economía. Esta medida busca garantizar una gestión más eficiente de los recursos estatales y asegurar la provisión de insumos y alimentos en sectores críticos de la sociedad.

Además, se crea una comisión de seguimiento legislativo para monitorear la aplicación de la ley y realizar recomendaciones pertinentes. Se invita a los municipios y comisiones de fomento a adherir a esta normativa, reconociendo los desafíos económicos y logísticos que enfrenta el Sector Público Provincial.

Por otro lado, la Ley de Emergencia Energética, vigente hasta el 31 de diciembre del presente año, otorga facultades al Poder Ejecutivo Provincial para evitar aumentos desmedidos en las tarifas de gas y electricidad. Esta medida se fundamenta en la necesidad de proteger a los ciudadanos de incrementos injustificados y garantizar el acceso a la energía a precios justos y razonables, especialmente en un contexto de crisis económica y reducción de la asistencia federal.

El Ejecutivo provincial destaca la urgencia de estas medidas ante la crisis generada por la disminución de la coparticipación y la eliminación de programas de asistencia por parte del Gobierno Nacional, así como los aumentos exorbitantes en las tarifas eléctricas y la dolarización de precios del gas.