A diez años de la muerte de Lucía Pérez, su familia espera que la Corte Suprema revise la condena por femicidio

Este jueves se cumplen diez años de la muerte de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que falleció en octubre de 2016 en Mar del Plata, en un caso que conmocionó al país y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Una década después, su familia continúa reclamando justicia y espera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para que se vuelva a reconocer judicialmente la figura del femicidio.

La causa atravesó dos juicios, una primera absolución que fue anulada y una condena a prisión perpetua para Matías Farías en 2023. Sin embargo, en febrero de 2025, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto la calificación de femicidio y la prisión perpetua. En consecuencia, en mayo de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata fijó para Farías una pena de 17 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes. Al unificarse con una condena previa por comercialización de drogas, la pena única quedó establecida en 23 años. La sentencia todavía no está firme.

La familia apeló esa decisión y solicitó que el máximo tribunal bonaerense revise la exclusión del femicidio. Marta Montero, mamá de Lucía, confirmó a TN que hasta el momento no había recibido novedades sobre el recurso. Además, advirtió sobre las posibles consecuencias de la condena actual y señaló que Farías podría solicitar el acceso a determinados beneficios penitenciarios. “Es el propio Estado el que lo quiere sacar. Si eso no fue un femicidio, explícame cuál es el femicidio”, cuestionó.

Por otro lado, la situación judicial de Juan Pablo Offidani, el otro condenado en la causa, también continúa en discusión. A fines de 2025 le habían concedido la libertad condicional, pero en abril de este año la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata revocó esa decisión. Los jueces consideraron que no estaban dadas las condiciones para mantener el beneficio y recomendaron evaluar un régimen de semilibertad. La familia también recurrió esa resolución y espera una definición judicial.