Impulsada por los diputados del PRO, Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, la propuesta busca garantizar los 180 días de clase en las escuelas públicas del país. La iniciativa, originalmente incluida en el nuevo proyecto de Ley Bases, fue removida pero ha retomado su curso legislativo con fuerza.

La votación en la comisión de Educación contó con un amplio respaldo, obteniendo el apoyo de casi todos los bloques políticos, incluidos la UCR, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Innovación Federal y Hacemos. Sin embargo, los legisladores de Unión por la Patria, vinculados estrechamente con la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), se opusieron a la medida. La Ctera ha sido una ferviente detractora del proyecto.

El proyecto, presentado en marzo, tiene como objetivo "declarar la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo".

Alejandro Finocchiaro, uno de los promotores, subrayó la importancia de la educación para el desarrollo y la libertad de los niños y jóvenes: "La educación debe proveer a nuestros chicos de libertad. Nuestro proyecto de declarar a la educación como servicio estratégico esencial se encuentra destinado a asegurar los derechos educativos". Añadió que "el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad".

Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, celebró el avance del proyecto: "Es un paso fundamental para garantizar el calendario escolar completo. Nuestros chicos tienen que estar en las escuelas y el Estado tiene que garantizarlo. Basta de que nuestros chicos sean rehenes de los paros".

Con este dictamen favorable, el proyecto se prepara para ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados. De ser aprobado, marcaría un antes y un después en la política educativa del país, estableciendo un marco legal que busca asegurar la continuidad del ciclo lectivo y proteger el derecho a la educación de los niños y adolescentes argentinos.