El gobierno provincial de Santa Cruz ha emprendido un proceso integral de regularización para todas las cooperativas que mantienen contratos con el Estado, con el objetivo de transparentar la cantidad de asociados, asegurar salarios justos y una distribución clara de los aportes recibidos. Este esfuerzo busca abordar denuncias de trabajadores sobre bajos salarios, ausencia de liderazgo y posibles irregularidades en la administración de fondos.