Ola de despidos en represas del Río Santa Cruz

La UTE Represas Patagonia, a través de un comunicado de prensa, anunció el despido "momentáneo" de 1.800 trabajadores vinculados al proyecto de las hidroeléctricas NK Cóndor Cliff y JC La Barrancosa. Este drástico recorte representa dos tercios de la nómina total de empleados de la UTE, que asciende a 2.700 personas. Aunque aún quedan 900 trabajadores en sus puestos, existe incertidumbre sobre su futuro laboral si la situación continúa deteriorándose.

El término "momentáneo" utilizado por la UTE se justifica en la espera de condiciones financieras subsecuentes para la continuidad de los desembolsos por parte del Estado nacional. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno central no ha tomado medidas al respecto.

La paralización de las obras en las represas se debe a la falta de financiamiento por parte del gobierno chino, ya que las autoridades argentinas no han finalizado la firma de la Adenda XII, que establece nuevos términos de financiamiento y plazos para la obra. Aunque esta Adenda fue acordada durante la presidencia de Alberto Fernández, el nuevo gobierno de Javier Milei no ha avanzado en su firma y se encuentra en proceso de revisión.

Desde diciembre hasta finales de febrero, los trabajadores recibieron el 80% de sus salarios sin realizar tareas, gracias al aporte de la UTE, principalmente de la empresa china Gezhouba. Sin embargo, al no haberse desbloqueado la situación hasta marzo, se han tomado medidas drásticas como los masivos despidos.

Los nuevos directivos de Enarsa, si bien no se han manifestado en contra del proyecto, solicitan tiempo para analizar los términos del nuevo acuerdo. El crédito total chino para la obra asciende a u$s4.714 millones, con un período de gracia de cinco años y medio desde el inicio de la construcción. Hasta el momento, se han invertido aproximadamente u$s1.850 millones, y se esperaba una inversión adicional de u$s520 millones para esta nueva etapa.

La incertidumbre sobre el futuro de las represas y los empleos asociados a ellas continúa creciendo, mientras se aguarda una acción decisiva por parte del gobierno nacional para resolver esta crisis que afecta no solo a los trabajadores, sino también al desarrollo energético y económico de la región.