A partir de hoy habrán cambios en el pago con tarjetas de crédito y débito

A través de la Resolución 87/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional dispuso que los comercios que cuenten con la posibilidad de pagar con tarjetas, deberán ofrecer una terminal inalámbrica para realizar el cobro en frente de los clientes y no podrán retener el plástico ni el DNI en ningún momento, ya que la operación tendrá que ser ejecutada por el propio consumidor.

De esta manera, desde la secretaría de Comercio de la Nación resaltaron que “se reduce hasta cuatro veces la posibilidad de que se produzcan estafas”, indicando “que los clientes estén en permanente contacto con su tarjeta de débito o crédito reducirá la posibilidad de maniobras de vulneración de datos y estafas”.

El texto oficial determinó que “todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito en los términos del Artículo 1° de la Ley N° 25.065 y sus modificaciones, y operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas (terminales de captura de datos o “POS”), deberán poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aún momentáneamente, hasta la completa finalización de la operación”.

El nuevo parámetro tendrá un periodo de adaptación para que los comercios puedan acondicionar los medios pertinentes para cumplir con la normativa, por lo que se estableció “un plazo de adecuación de 180 días contados a partir de su entrada en vigencia, a efectos de que los proveedores adapten los servicios de atención al cliente de acuerdo a lo establecido en la presente resolución”.

En este sentido, en la Resolución se remarcó que “el hecho de que el consumidor pierda el control respecto del uso de su tarjeta de crédito, compra o débito, o quede desapoderado de la misma, aún temporariamente, cuando realiza una compra o locación de bienes o servicios, ha dado lugar a la apropiación indebida de datos del consumidor para consumar hechos de fraude”.