El fiscal pidió cambiar la calificación de la causa contra Adorni y avanzar con una investigación por posible evasión

El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para sostener una acusación contra Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno nacional. Sin embargo, solicitó que la investigación sea trasladada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para analizar posibles irregularidades tributarias vinculadas con sus ingresos, operaciones con criptomonedas y tenencias de dólares.

El planteo quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el cambio de competencia. La solicitud no implica el cierre de la causa ni el sobreseimiento del exjefe de Gabinete, sino que propone modificar el eje de la investigación para determinar si existieron maniobras de evasión impositiva.

La fiscalía llegó a esta conclusión luego de analizar el descargo presentado por Adorni en septiembre, en el que respondió a 20 requerimientos relacionados con sus propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares. Uno de los puntos centrales fue su explicación sobre el origen de parte de su patrimonio, que atribuyó a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018.

Según sostuvo el exfuncionario, había invertido cerca de 200.000 dólares en criptomonedas y posteriormente obtuvo 591.544 dólares por la venta de esos activos. Las pericias permitieron comprobar la existencia y actividad de ocho billeteras digitales aportadas por su defensa, aunque no pudieron determinar quién las administraba durante el período de las operaciones ni identificar completamente a las personas involucradas. Ante estas limitaciones, Pollicita consideró que no había pruebas suficientes para descartar la versión presentada.

No obstante, el fiscal identificó movimientos económicos que requieren un análisis específico. Durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la investigación registró gastos por 402.578 dólares, de los cuales aproximadamente 374.000 fueron abonados en efectivo. También se detectó una diferencia superior a los 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y las erogaciones realizadas.

Entre los aspectos que podrían continuar bajo investigación figuran la compra y venta de criptomonedas, la tenencia de dólares sin declarar, los ingresos utilizados para financiar inversiones y posibles inconsistencias entre los movimientos registrados en plataformas digitales y las declaraciones impositivas. También se analizarán préstamos privados cuya entrega efectiva de dinero no pudo acreditarse completamente.

La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y puso bajo la lupa distintas operaciones inmobiliarias del exfuncionario. Entre ellas, la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares en noviembre de 2024, y un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido por 230.000 dólares en noviembre de 2025.

Además, se investigaron las reformas realizadas en la vivienda de Indio Cuá. El contratista Matías Tabar declaró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin facturas, mientras que Adorni sostuvo que el costo de los trabajos había sido de 175.000 dólares.

Por último, Pollicita solicitó que se investiguen por separado posibles irregularidades tributarias relacionadas con los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, y el contratista Matías Tabar. También pidió remitir antecedentes para que se examine la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

De esta manera, la decisión del juez Ariel Lijo será determinante para establecer si el expediente pasa al fuero Penal Económico, donde se profundizará el análisis sobre posibles delitos tributarios, mientras continúa pendiente la resolución sobre el rumbo de la investigación.