Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: desalojos más rápidos y límites a las expropiaciones

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de desalojo, establece nuevas condiciones para las expropiaciones estatales y restituye las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, y deberá regresar al Senado debido a las modificaciones incorporadas durante su tratamiento en la Cámara baja.

Uno de los principales puntos de la reforma es la agilización de los desalojos de inmuebles urbanos y rurales mediante la implementación de un juicio sumarísimo, un procedimiento judicial más breve. En los casos de falta de pago del alquiler de una vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar la acción judicial correspondiente y solicitar la restitución del inmueble.

El texto también contempla la posibilidad de solicitar la desocupación inmediata cuando exista falta de pago o haya vencido el contrato, bajo determinadas condiciones. Además, establece controles judiciales específicos para ciertos procedimientos y prevé sanciones económicas para los propietarios que obtengan una restitución inmediata mediante el ocultamiento de información o documentación.

En cuanto a las expropiaciones, la iniciativa fija requisitos más estrictos para que el Estado pueda disponer de bienes privados por razones de utilidad pública. Las decisiones deberán contar con una justificación concreta y cumplir criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, incorpora el lucro cesante entre los conceptos que pueden integrar la indemnización y establece que el Estado no podrá transferir el dominio del bien sin haber abonado previamente la compensación correspondiente.

Otro de los aspectos centrales es la restitución de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. El proyecto deja sin efecto la derogación dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023 y restablece el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Esta modificación fue incorporada durante las negociaciones con sectores aliados del oficialismo para avanzar con la iniciativa.