Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo que le dio cinco días para cumplir la ley

El Gobierno nacional apelará la resolución del juez Martín Cormick que intimó al Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras la Casa Rosada sostiene que ya cumplió con las obligaciones establecidas por la Justicia.

Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, consideró que no existe un cumplimiento total de la cautelar y estableció un plazo perentorio para que el Gobierno avance con su ejecución. Además, advirtió que podría aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora. La medida alcanza los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

Desde el Gobierno sostienen que la cautelar ya fue cumplida y que esa será una de las principales líneas argumentales de la apelación. La administración de Javier Milei todavía analiza si solicitará que el recurso tenga efecto suspensivo, lo que implicaría discutir ante la Cámara si la intimación debe continuar produciendo efectos mientras se analiza el planteo.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y posteriormente fue confirmada por la Cámara. En junio de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo porque la resolución cuestionada no constituía una sentencia definitiva. De esta manera, la medida cautelar quedó firme, aunque la discusión sobre el fondo de la causa continúa abierta.

El conflicto se originó a partir del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario y condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento. Las universidades cuestionaron esa decisión ante la Justicia y el expediente principal todavía no tiene una resolución definitiva.

En paralelo, el Gobierno y las universidades intentaron avanzar en un acuerdo. En junio se había firmado un acta que contempló una recomposición del 24,33% de la masa salarial, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas. Sin embargo, las diferencias sobre el alcance de la recomposición salarial continuaron.