La Justicia intimó al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en cinco días

La Justicia volvió a intervenir en el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento total a la medida cautelar vigente en un plazo de cinco días y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá aplicar multas diarias.

La resolución alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes y la actualización de las becas estudiantiles. El magistrado sostuvo que la cautelar dictada previamente se encuentra firme y que, de acuerdo con lo actuado en la causa, todavía no existe un cumplimiento total de lo ordenado.

En ese marco, Cormick estableció un plazo perentorio de cinco días para que el Estado nacional cumpla con la medida y advirtió que podrá disponer astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora. La medida responde al reclamo judicial impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para lograr la aplicación efectiva de la normativa.

El conflicto judicial se desarrolla mientras continúan las negociaciones salariales entre el Gobierno y los gremios universitarios. Según las estimaciones difundidas por las universidades y los sindicatos, existe un reclamo por una recomposición del 31,2%, mientras que la última propuesta oficial mencionada fue de un incremento del 3%. La falta de acuerdo derivó en nuevas medidas de fuerza y en la convocatoria a una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.

La decisión de Cormick se suma a una serie de resoluciones judiciales vinculadas con la aplicación de la Ley 27.795. La medida cautelar original había sido cuestionada por el Poder Ejecutivo y posteriormente obtuvo respaldo de instancias superiores, mientras que el conflicto por su implementación continúa abierto.

De esta manera, el Gobierno tendrá ahora cinco días para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, el juzgado podrá avanzar con la aplicación de las multas previstas en la resolución.