El Gobierno apelará en EE.UU. el fallo por Aerolíneas Argentinas que obliga a pagar más de US$390 millones

Actualidad19 de agosto de 2026 Redacción I24

El Gobierno argentino apelará ante la Justicia de Estados Unidos el fallo que obliga al Estado nacional a pagar más de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La Procuración del Tesoro presentará este miércoles un pedido de revisión ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, antes de que venza el plazo establecido para recurrir la decisión.

La estrategia estará encabezada por el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, quien trabaja junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira. El objetivo es que la propia Cámara revise la resolución que el 21 de julio confirmó la sentencia contra la Argentina y mantenga abierta la posibilidad de acudir posteriormente a la Corte Suprema estadounidense.

El Gobierno decidió no solicitar por ahora la suspensión de la sentencia ni una medida específica que impida a Titan Consortium avanzar con el cobro. La condena asciende a US$390.907.115,55, más los intereses acumulados desde diciembre de 2024, y la empresa acreedora también busca avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para ejecutar el fallo.

El conflicto se originó en la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans en 2008. En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar unos US$321 millones más intereses y costas. Tras distintos recursos, los derechos económicos derivados del juicio quedaron en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia federal de Washington para reclamar el reconocimiento y ejecución del laudo.

La discusión judicial en Estados Unidos se centró principalmente en el plazo para reclamar la ejecución del laudo. La Argentina sostuvo que el pedido había prescripto luego de tres años, mientras que los tribunales estadounidenses determinaron que correspondía aplicar un plazo de doce años. Con la nueva apelación, el Gobierno busca evitar que la condena quede firme y conservar una última posibilidad de llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

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