


Detuvieron a una funcionaria bonaerense por una investigación de lavado de $27.000 millones
Actualidad18 de agosto de 2026 Redacción I24
La Justicia ordenó la detención de Albertina Mangini, una funcionaria vinculada al gobierno de Axel Kicillof, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y asociación ilícita. Según la hipótesis de la fiscal Betina Lacki, Mangini habría integrado una organización que utilizaba datos biométricos de personas vulnerables y ex presos para abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar dinero de origen presuntamente ilícito.
De acuerdo con la investigación, la funcionaria habría aprovechado sus tareas en una oficina de enlace del Patronato de Liberados para captar personas a las que les ofrecían alrededor de $80.000 a cambio de sus datos personales, fotografías y un escaneo del iris. Con esa información, se habrían creado cuentas en plataformas como Ualá, Mercado Pago y PayPal, que posteriormente eran utilizadas como “mulas financieras” para mover fondos.
La causa también tiene como imputado a Ignacio Leonel Marchioni y a otras cuatro personas. Un análisis sobre la actividad financiera de Marchioni detectó movimientos por aproximadamente $27.149 millones a través de la empresa HAZ PAGOS. Los investigadores sospechan que parte de esos fondos podría provenir del juego clandestino y que el dinero era distribuido entre numerosas cuentas para dificultar el seguimiento de las operaciones.
Además, Marchioni aparece vinculado a otra investigación relacionada con Sur Finanzas, donde tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes. En ese expediente se analizan movimientos por unos $87.000 millones a través de billeteras vinculadas a Sur Finanzas y QBIT Capitals. Ahora, la Justicia deberá determinar si ambas investigaciones están relacionadas y forman parte de una misma estructura financiera o si se trata de organizaciones independientes.
La investigación continúa para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados y determinar el origen y destino de los fondos. Por el momento, las acusaciones forman parte de una causa judicial en trámite y deberán ser acreditadas por la Justicia.



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