Paro docente nacional: CTERA realiza una medida de fuerza y el Gobierno fiscaliza el cumplimiento del servicio mínimo

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante este lunes un paro docente de alcance nacional, en reclamo por la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayores recursos para el sistema educativo. La medida coincide con el regreso a clases tras el receso invernal en varias provincias y genera un fuerte impacto en las escuelas públicas de todo el país.

Desde el sindicato señalaron que la protesta responde a la "permanente negativa" del Gobierno nacional de convocar a una mesa de negociación salarial. Además, denunciaron el desfinanciamiento del sistema educativo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y el incumplimiento en la restitución del FONID y de otros fondos nacionales destinados a la educación.

Como parte del plan de lucha, CTERA también reclama la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y manifiesta su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

En el marco de la jornada de protesta, no se dictan clases en los niveles inicial, primario y secundario de las escuelas públicas adheridas a la medida, mientras que algunos establecimientos privados mantienen sus actividades con normalidad, aunque los gremios aseguran que existe una alta adhesión al paro en distintos puntos del país.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dispuso un operativo de fiscalización mediante las agencias territoriales para verificar el cumplimiento del servicio mínimo establecido para la educación. Los inspectores recopilarán información sobre el funcionamiento de los establecimientos educativos y elaborarán un informe nacional sobre el nivel de actividad registrado durante la jornada.

Desde el Gobierno advirtieron que, en caso de comprobarse incumplimientos en la prestación mínima del servicio educativo, podrían iniciarse procedimientos administrativos y aplicarse las sanciones correspondientes a las entidades sindicales responsables. No obstante, aclararon que las eventuales sanciones no serán automáticas y dependerán de las verificaciones realizadas y del debido proceso administrativo.

La fiscalización se apoya en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación de los niveles inicial, primario, secundario y especial como servicio esencial, fijando que durante una medida de fuerza debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual del servicio.