Impulsan cobrar salud y educación a extranjeros sin residencia en Buenos Aires y el Gobierno analiza extender la medida

La discusión sobre el acceso de los extranjeros no residentes a los servicios públicos volvió a instalarse en la agenda política. Luego de la polémica generada tras la final del Mundial, La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que quienes no cuenten con residencia permanente deban pagar por la atención en hospitales públicos y por los estudios de grado en universidades provinciales.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del bloque libertario, Agustín Romo, quien sostuvo que la medida busca evitar que los contribuyentes argentinos financien prestaciones destinadas a personas que no residen de manera permanente en el país.

El proyecto establece que los extranjeros sin residencia deberán afrontar los costos de la atención médica mediante un seguro de salud, un tercero responsable o el pago directo. En el caso de las universidades provinciales, cada institución podrá fijar el valor de los aranceles y la modalidad de cobro para los estudiantes alcanzados por la medida.

No obstante, la propuesta garantiza que ninguna persona será rechazada en situaciones de urgencia o emergencia con riesgo de vida. En esos casos, la atención será inmediata y el recupero de los gastos se realizará con posterioridad. Además, contempla excepciones para víctimas de trata y para acciones vinculadas a la prevención y control de enfermedades de interés sanitario.

La iniciativa bonaerense se suma a un proyecto similar presentado meses atrás en la Legislatura porteña, aunque en ese caso solo contempla el recupero de los gastos por la atención sanitaria de extranjeros no residentes y no incluye modificaciones en el sistema universitario.

Desde el Gobierno nacional respaldan el debate y no descartan impulsar una reforma de alcance nacional. Sin embargo, reconocen que para avanzar sería necesario modificar la Ley de Migraciones, lo que requeriría la aprobación del Congreso.

En 2025, la administración de Javier Milei ya había introducido cambios mediante el Decreto 366/2025, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente y estableció la exigencia de un seguro médico o el pago de la atención sanitaria. No obstante, desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que hasta el momento ninguna universidad nacional implementó el cobro, mientras que desde el Ministerio de Salud recordaron que una reforma legislativa es indispensable para extender el arancelamiento en el ámbito nacional.