Santa Cruz adhirió al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas

La provincia de Santa Cruz formalizó su adhesión al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia de la Nación orientada a fortalecer los mecanismos de asistencia, acompañamiento e inserción social y laboral de las personas víctimas de este delito.

La firma del convenio fue realizada por la secretaria de Estado de la Casa de Santa Cruz, Agustina Aguiar, en representación de la provincia ante el Gobierno nacional. Con esta incorporación, Santa Cruz se suma a las jurisdicciones de Chaco, Corrientes, Neuquén, Río Negro, La Rioja, San Luis y San Juan, que ya formalizaron su adhesión, además de las doce provincias que lo habían hecho durante el mes de mayo.

El programa tiene como objetivo promover la restitución de derechos a las víctimas del delito de trata de personas mediante la implementación de un circuito de asistencia articulado a través de una Red de Puntos Focales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, busca fortalecer las capacidades técnicas de los organismos que integran esta red, promover la coordinación interinstitucional y facilitar la reinserción social y laboral de las víctimas desde un enfoque de derechos y de no revictimización.

En el marco del acuerdo, el Ministerio de Justicia de la Nación se compromete a brindar asistencia técnica y metodológica, capacitaciones, acompañamiento en la implementación del programa y apoyo a las jurisdicciones provinciales en su articulación con otros organismos nacionales. Por su parte, las provincias asumen el compromiso de adoptar e implementar los lineamientos del programa, designar equipos responsables, participar en instancias de articulación e implementar los protocolos nacionales vigentes en materia de asistencia y restitución de derechos.

La adhesión de Santa Cruz reafirma la importancia de construir políticas públicas basadas en la planificación, la información confiable y la articulación permanente entre jurisdicciones. En este sentido, el acompañamiento a las víctimas se traduce en herramientas concretas que permiten avanzar en procesos de restitución de derechos, autonomía e inserción social y laboral.

De esta manera, la provincia fortalece su compromiso con una gestión pública responsable, federal y orientada a la protección integral de los derechos humanos.