La Cámara de Diputados vota el nuevo régimen penal juvenil y la ratificación del acuerdo Mercosur-UE en una sesión que podría extenderse hasta la madrugada.
El dictamen fue respaldado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. En cambio, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y cuestionaron con dureza el enfoque del proyecto.
El eje más controvertido es la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Sin embargo, el texto también establece un régimen específico para adolescentes que incluye un abanico de sanciones alternativas a la prisión, medidas de reinserción social y la prohibición de que los menores compartan lugares de detención con adultos.
El proyecto elimina la posibilidad de prisión perpetua para menores y fija un tope máximo de 15 años de condena. Para delitos con penas inferiores a tres años se descarta la cárcel, mientras que en casos con penas de entre tres y diez años —si no hubo muerte o lesiones graves— se priorizan sanciones de carácter socioeducativo.
A pedido de bloques dialoguistas, el dictamen incorporó una partida presupuestaria para garantizar la implementación efectiva del régimen: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.
El segundo tema central será la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El dictamen fue firmado en un plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur, con impulso del oficialismo y acompañamiento de aliados.
El texto del tratado —de unas 5.000 páginas— contempla la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y una reducción significativa de barreras para productos industriales y tecnológicos europeos.
El entendimiento fue suscripto el 17 de enero en Asunción, en una ceremonia encabezada por Javier Milei junto a los presidentes de Paraguay y Uruguay. Brasil, en cambio, no participó del acto.
De todos modos, el acuerdo aún no puede entrar en vigor. El Parlamento Europeo decidió remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su legalidad e impacto. Ese proceso podría extenderse entre varios meses y hasta dos años, aunque la Comisión Europea analiza la posibilidad de una aplicación provisoria mientras se resuelve el trámite judicial.
