Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad: penas limitadas, reinserción y resguardo de identidad

El Gobierno impulsará en la Cámara de Diputados el tratamiento de una nueva Ley Penal Juvenil el próximo 12 de febrero, con el eje puesto en bajar la edad de imputabilidad. El oficialismo buscará avanzar con el debate luego de que se constituyan las comisiones el 10 de febrero y se firme el dictamen en plenario al día siguiente. La propuesta retoma el consenso alcanzado el año pasado —que perdió estado parlamentario— para fijar la imputabilidad desde los 14 años, aunque sectores del Ejecutivo pretenden reducirla a 13, una alternativa que por ahora no reúne el respaldo de aliados.

El proyecto establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años y deroga la Ley 22.278, vigente desde la última dictadura, que fija el piso actual en 16 años. La iniciativa combina la responsabilidad penal con un enfoque de reinserción social, al plantear que el proceso debe fomentar la educación, la resocialización y la integración del menor. También prevé resguardar la identidad del adolescente imputado, limitar la difusión pública de sus datos y restringir la privación de libertad a situaciones de riesgo procesal debidamente fundamentadas, con separación de adultos y orientación educativa en los lugares de detención.

Entre los puntos centrales, la norma contempla un amplio abanico de sanciones no privativas de la libertad. Para delitos con penas de hasta 10 años, se habilitan alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, reparaciones económicas o reglas de conducta, con intervención fiscal y opinión de la víctima. En casos graves, se fijan penas privativas con un máximo de 15 años, que podrán cumplirse en institutos especializados o bajo modalidad domiciliaria, con seguimiento de supervisores y equipos capacitados para abordar salud mental, consumos problemáticos y contextos familiares violentos. Además, se incorporan herramientas como la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba.

Desde el oficialismo argumentan que la legislación actual está “desfasada” frente a nuevas modalidades delictivas y sostienen que el cambio busca dar respuesta tanto a las víctimas como a la situación de los propios adolescentes involucrados en hechos penales. La oposición, en tanto, mantiene posturas divididas: mientras algunos bloques acompañaron el esquema de 14 años en el dictamen anterior, otros sectores reclaman sostener la edad vigente de 16 y advierten sobre el impacto de criminalizar a menores. El debate volverá así al centro de la agenda parlamentaria, con la expectativa del Gobierno de conseguir la media sanción.