El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció la declaración del estado de emergencia en Lima y el Callao por un período de 30 días, con el objetivo de enfrentar la creciente ola de violencia, sicariato y extorsiones vinculadas al crimen organizado. La medida, que afecta a unos 10 millones de habitantes, autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y restringe derechos constitucionales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
En un mensaje televisado, Jerí justificó la decisión señalando que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada” y prometió “cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad”. Entre las restricciones se incluye la prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta, una modalidad utilizada por bandas criminales para cometer asesinatos por encargo. Esta es la primera gran medida del nuevo gobierno, que lleva menos de dos semanas en funciones.
La decisión se produce en medio de una tensa situación social y política. La semana pasada, miles de manifestantes se movilizaron frente al Congreso para exigir medidas contra la inseguridad y la corrupción, protestas que terminaron con un muerto y más de cien heridos. Con siete presidentes en menos de una década y un incremento del 28,8% en los casos de extorsión durante 2025, Perú atraviesa una de las crisis más graves de los últimos años.
En una histórica sesión parlamentaria, el Parlamento japonés eligió a Sanai Takaichi como nueva primera ministra del país, convirtiéndola en la primera mujer en asumir este cargo en la historia de Japón.
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