El Tribunal Superior de Justicia suma polémicas: procuradores y fiscales de Argentina se manifestaron en “defensa de la independencia judicial”

Esta semana, la Cámara de Diputados de Santa Cruz tratará una serie de iniciativas legislativas que serán claves para la vida política de la provincia.

Entre los debates sobresalientes está la reincorporación del exProcurador General de Santa Cruz ante el Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Sosa, con una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial. La sesión se convocó para este lunes a las 14:00. El gobernador Claudio Vidal había señalado que se trata de un “acto de justicia la restitución de Eduardo Sosa”.

Además, se debatirá una de las ternas de candidatos por la cual se ampliará los integrantes del TSJ de 5 a 9 y finalmente el pedido de juicio político a la actual presidenta de ese órgano judicial, Renee Fernández.

Como si la tensa semana que dejó atrás el TSJ y la que vendrá no fueron suficientes para deja en claro las tensiones en el sistema judicial santacruceño, se sumó la reciente posición de procuradores y fiscales generales a la iniciativa que busca reincorporar a Eduardo Sosa en su cargo público, luego de 30 años que fue apartado bajo la gobernación de Néstor Kirchner.

Los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales y de Política Criminal -nuclean a todas las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-  expresaron su “profunda preocupación y rechazo” al proyecto del Poder Ejecutivo  provincial ya que para cumplir con su objetivo se debe “modificar la Ley 1600, que regula la organización judicial provincial“.

Los Consejos, presididos por Jorge Miquelarena (Presidente del Consejo Federal de Política Criminal) y Jorge Omar Canteros(Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores, y Asesores Generales), “reafirmaron la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial, la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y la estabilidad institucional de sus autoridades”.

Según el comunicado, el proyecto presentado “cuyo tratamiento express se pretende, se esgrime bajo la apariencia de una restructuración administrativa o un supuesto ordenamiento institucional“.  Sin embargo, advirtieron que la medida implica en realidad una “injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial“, lo que quiebra el principio de separación de funciones que sustenta todo Estado de Derecho.

Además, señalaron que el texto propuesto “degrada la jerarquía y las funciones del titular del Ministerio Público Fiscal, afectando su estabilidad institucional y su rol legal como órgano independiente. Al reubicar o redefinir las funciones del Fiscal General, el proyecto no solo impacta en su estatus, sino que vacía de contenido la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal”.

La preocupación de las autoridades del Ministerio Público radica en que la iniciativa desconoce el modelo tripartito consolidado en la reforma constitucional de 1994: Judicatura, Fiscalía y Defensa. Este modelo es esencial para garantizar la imparcialidad y el equilibrio en la administración de Justicia.

Los procuradores “advierten que la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal es un principio esencial del sistema acusatorio, el cual es el único compatible con los lineamientos de la Carta Magna Nacional”. 

Adicionalmente, el proyecto genera un “riesgo de degradación” institucional al pretender reunir en una misma estructura las funciones de acusación y defensa. Esto constituye un “retroceso institucional muy marcado que nos devuelve a etapas superadas” y vulnera el principio básico del debido proceso, plasmado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El documento concluye alertando sobre el riesgo de degradación que esta injerencia indebida provoca en la independencia judicial.

Fuente: La Opinión Austral.