Juicio por YPF: la Corte de Nueva York define el destino del 51% de sus acciones

Diez años después de iniciada la causa, este martes la Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de que la Argentina entregue las acciones de la petrolera YPF como pago por la expropiación “mal realizada” por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2012, o si obliga a la República a depositar ese activo, u otros.

Existen tres posibilidades

Que se le conceda a la Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determinó en junio pasado que el juicio de US$16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.

Que la Corte niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecución de las acciones. Ya el financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará ese pago, como “acto de buena fe”.

Que la Corte conceda la medida en suspenso, pero entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte de Apelaciones mantiene en suspenso la orden de la jueza Preska de entregar el 51% de acciones de YPF como pago del juicio, habrá otra instancia en la que se definirá sobre esa orden en sí.

Si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos:

•Llegar a un acuerdo con los acreedores.

•Incumplir el fallo.

En el segundo caso, la Argentina corre riesgo de entrar en desacato, y arriesgarse a sufrir el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), intervenir para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.

El juicio es por la expropiación de la petrolera, por el cual la jueza Preska dispuso que la Argentina debe indemnizar a los demandantes en US$16.100 millones, a los cuales se les suman más de US$2 millones diarios de intereses.

En el juicio no se discute si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, ni un tema de soberanía del país.

La demanda es porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no realizó la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF, omisión que perjudicó derechos de inversores que compraron las acciones en Nueva York -donde cotiza YPF-, y que por lo tanto da lugar a que el litigio se produzca en Nueva York.

Según recordó Clarín, el litigio surge del incumplimiento de una promesa realizada por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1993, cuando acudió a Wall Street para privatizar la empresa, recaudando US$1.100 millones bajo las leyes y regulaciones del mercado de capitales de Estados Unidos.