Luego de ocho años procesaron a directivos de la unsam por desviar fondos que le dio Julio De Vido

Tras ocho años de abierta la causa, la jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a a funcionarios de la Universidad de San Martin (UNSAM) por supuesta malversación de fondos con contrataciones irregulares y emisión facturas “truchas”.

Además, ordenó profundizar la llamada Ruta del Dinero de esos fondos públicos provenientes del ex ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido.

Fue después de detectar que muchas de las facturas emitidas por la universidad pública para un convenio sobre seguridad de represas hidráulicas se usaron para pagar otros gastos y ni siquiera estaban registradas ante la ex AFIP o habían sido emitidas en una imprenta ubicada a metros de la casa de estudios.

Se trata de una causa en donde ya tiene procesamiento confirmado el ex rector de esa casa de estudios, Carlos Ruta, quien –en otra causa- fue enviado a juicio oral junto al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por sobreprecios en la compra equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales digitales también a través de la misma universidad.

Además, en marzo del año pasado arrancó el juicio oral y público contra la actriz Andrea del Boca, De Vido, el ex rector de la UNSAM Carlos Ruta, la ex titular K del INCAA, Liliana Mazure, entre otros, por defraudación contra la administración pública en la realización de la telenovela Mamá Corazón y la serie El Pacto.

Durante su gestión, De Vido hizo varios convenios con universidades públicas que le permitieron evitar los controles de la ley de administración pública y hacer compras o contrataciones directas como pasó con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la construcción de la central eléctrica de Río Turbio.

En este caso, la investigación se inició en noviembre de 2017 cuando el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción en donde se exponían diversas irregularidades administrativas y financieras que se derivó en una denuncia penal por posible maniobra de desvío de los fondos públicos. Capuchetti juró como jueza en 2019 y la causa tuvo varios vaivenes.

A fines del 2023, la jueza María Eugenia Capuchetti procesó por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a Ruta, ex rector de la UNSAM, Daniel Edgardo Di Gregorio, ex vicerrector de la UNSAM, y a los funcionarios Román Martín González, Jonathan Bortnik, Francisco Héctor Fernández, Juan Esteban Videla, Christian Daniel Fernández, María Andrea Luján Fernández, Ana María Fernández, Hernán Eduardo Vilar y Fiorella Raffo.

Pero las defensas apelaron y en febrero pasado la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento solo de Ruta y Di Gregorio (aunque los consideró partícipes necesarios y no coautores) y dictó la falta de mérito del resto por entender aún no se había acreditado un poder de decisión en el marco de las funciones asignadas en los convenios, así como tampoco si sus competencias abarcaban o no el control de las prestaciones que debían ser abonadas con los fondos investigados.

Ahora, la jueza Capuchetti sumó más pruebas y volvió a procesarlos. “El nuevo material de prueba detallado, en complemento con el que ya fue oportunamente valorado, reúne a mi criterio las condiciones necesarias para tener por acreditado, la responsabilidad penal de Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla en orden a la comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, afirmó.

Según dijo Capuchetti, “en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas”.