


Adorni anuncia la privatización de Belgrano Cargas: primera empresa ferroviaria bajo la gestión de Milei
Durante la conferencia de prensa, Adorni destacó que la empresa, que el año pasado recibió una financiación estatal de 112 millones de dólares provenientes de las arcas públicas, ha permanecido en un estado deficitario. Señaló que “la distancia media transportada hoy es de 500 km, exactamente la misma que se transportaba hace 50 años en la República Argentina”, lo que refleja la falta de crecimiento en su capacidad operativa.

El anuncio no sorprende, ya que Milei había dejado claro desde el inicio de su mandato que todas las empresas estatales que puedan privatizarse, lo serán. En esa línea, Adorni explicó que la privatización de Belgrano Cargas busca mejorar la competitividad, transparencia y eficiencia de la empresa. "Sin la intromisión inútil del Estado, esta empresa podrá ser mucho más eficiente", aseguró.
Adorni también subrayó que la empresa no ha aumentado su capacidad de carga desde 2009, mientras que la producción agrícola –que representa el 60% de la carga transportada por la empresa– se ha quintuplicado en las últimas cinco décadas. Este estancamiento ha sido uno de los principales argumentos del gobierno para justificar la necesidad de privatización.
Esquema de concesiones y participación privada
Por su parte, Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, detalló el esquema de privatización que se aplicará. Se implementarán siete procesos de concesión diferenciados por cada una de las tres líneas ferroviarias que opera Belgrano Cargas. Estos incluyen:
- Una concesión por la vía que permitirá el cobro de peaje y el traspaso de los empleados asociados.
- Dos concesiones de locomotoras que fomentarán la competencia, incluyendo la contratación de conductores.
- Dos concesiones de vagones y dos concesiones de talleres que garantizarán la inclusión de los trabajadores vinculados a esas áreas.
Chaher también puntualizó que el modelo propuesto es de infraestructura de acceso abierto, lo que significa que los concesionarios deberán permitir el uso de las vías a todos los operadores interesados, evitando la formación de monopolios. Sin embargo, aclaró que las tierras y las vías seguirán siendo propiedad del Estado nacional.




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