El Gobierno disuelve la Unidad Especial de Investigación de menores desaparecidos durante la dictadura

El Gobierno de Javier Milei ha decidido disolver la Unidad Especial de Investigación (UEI) creada en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner, destinada a la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina. La medida, oficializada a través del Decreto 727/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, ha suscitado fuertes críticas y reavivado el debate sobre las políticas de derechos humanos del actual gobierno.

Según el Ejecutivo, la disolución de la Unidad responde a que su funcionamiento "invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos", afectando así la división de poderes. Además, el gobierno argumenta que la UEI violenta el régimen constitucional al otorgar facultades jurisdiccionales a un órgano administrativo, lo que contradice los artículos 18 y 109 de la Constitución Nacional.

La Unidad Especial de Investigación, que operaba bajo el Decreto N°715/04, había sido creada para reforzar la labor de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en la búsqueda e identificación de hijos de desaparecidos y personas nacidas en cautiverio durante la dictadura. Con acceso a archivos públicos y facultades de investigación, la Unidad había jugado un papel crucial en la restitución de identidades a lo largo de sus dos décadas de existencia.

La decisión del gobierno de Milei ha generado un fuerte rechazo, especialmente entre organizaciones de derechos humanos. Abuelas de Plaza de Mayo, una de las principales entidades afectadas, expresó su preocupación de que la eliminación de la UEI "ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado". También subrayaron que la Unidad había actuado como auxiliar de la Justicia, evitando la exposición pública de las personas involucradas y garantizando la confidencialidad de los procesos.

El gobierno, por su parte, ha insistido en que las investigaciones sobre delitos cometidos durante la dictadura deben mantenerse en el ámbito del Poder Judicial. La administración libertaria defiende que, con la disolución de la UEI, se busca "restablecer el equilibrio constitucional" y garantizar que las investigaciones se realicen dentro del marco legal adecuado, respetando los derechos fundamentales y la privacidad de las personas.